ARGUMENTARI PER TRUCAR ALS TEUS MPE

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Quienes somos los que nos oponemos

● La campaña No al TTIP a día de hoy son más de 350 organizaciones sociales, ambientales, sindicales, asociaciones de jueces y sectores profesionales. Es la campaña más grande de la historia, ha recogido más firmas que ninguna otra iniciativa ciudadana europea (casi 4 millones).

○ 2000 taxistas han creado una asociación en oposición al CETA y al TTIP y al TiSA
○ La Asociación de Jueces por la Democracia ha declarado que el ICS/ISDS es ilegal y va contra el Derecho Comunitario
○ Todos los sindicatos mayoritarios en el Estado Español se oponen al CETA
○ Más de 500 organizaciones en Canadá y Europa firmaron recientemente una carta pidiendo el rechazo al CETA

● En el Estado Español hay casi 200 municipios libres de TTIP y CETA, 8 parlamentos regionales.

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Democracia

El CETA es un acuerdo posdemocrático. Fortalece los intereses particulares de la gran industria y debilita a la democracia. De este modo contribuye a aumentar la desafección entre la Unión Europea y sus ciudadanos.
El acuerdo CETA fue negociado en secreto. Los objetivos de negociación de la Comisión Europea fueron decididos en 2008 por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. Incluso este documento era confidencial, hasta que hubo, en 2015, una fuga de información.
Los parlamentos solo podrán decir sí o no al CETA. Con ello se comprometen, sin embargo, a que las 2270 páginas del acuerdo entren íntegramente en vigor.
• No obstante, la votación del CETA es, al mismo tiempo, una votación sobre confidencialidad de datos, patentes de medicamentos, aranceles, la imposición del proceso de concesión de semillas y mucho más. Nunca antes el parlamento europeo aprobó un reglamento tan amplio, con un trámite parlamentario tan corto y superficial.
El CETA confiere a las empresas multinacionales derechos especiales. El capítulo 8 permite a los inversores canadienses presentar demandas por daños y perjuicios contra la UE y sus Estados miembros, y viceversa, cuando nuevas leyes reducen sus beneficios y el valor de sus inversiones. Ninguna empresa local puede invocar ese derecho. La protección contra la «expropiación indirecta» excede claramente la protección contra expropiación y confianza legítima prevista en la legislación nacional. El «derecho a reglamentar» mencionado en el capítulo 8 y sus comentarios no cambia nada: se mantiene el derecho de poder reclamar una indemnización. A través de sus subsidiarias en Canadá, 42 000 empresas estadounidenses también podrían demandar.
El CETA da prioridad a los grupos de presión en detrimento de las/los eurodiputadas/os. Las reglas de la cooperación reguladora (capítulos 25-27) son el entorno ideal para los grupos de presión, para influenciar la redacción de los proyectos de ley de la Unión Europea antes de que estos lleguen al Parlamento Europeo. La participación del Parlamento Europeo, la asamblea compuesta por representantes elegidos por los ciudadanos, no está prevista.
El CETA le pone cadenas al legislador. En muchos puntos, el CETA contiene disposiciones muy concretas que van más allá de la política comercial clásica. Si la Unión Europea, los Estados miembros o los municipios desean, en el futuro, modificar las reglas establecidas en el CETA, el gobierno federal del Canadá lo tiene que aprobar. Los Parlamentos pierden así margen de maniobra, y los ciudadanos, la posibilidad de poder cambiar la política a través de elecciones.

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Agricultura

En toda Europa existe una presión enorme sobre las empresas agrícolas, sobre todo sobre aquellas que practican agricultura sostenible. Cada vez más agricultores desisten y la industria se apodera cada día más de la agricultura. El CETA destruye la agricultura campesina y acelera la industrialización de la agricultura.
El CETA abre las puertas a la carne barata. Como consecuencia del CETA, la cuota de importación libre de impuestos de carne de cerdo aumenta 11 veces, y la de la carne bovina, 15 veces. Del 2005 al 2015, la media de los precios de reembolso de la carne de cerdo y de la carne bovina en Canadá, se situó en un 28,4 % y un 16,2 %, respectivamente, por debajo de los precios que se aplican en la Unión Europea. De esa manera, las empresas europeas no pueden competir. El contrato además no establece reglas vinculantes en materia de protección de los animales. Mientras que en la Unión Europea todos deben respetar las mismas reglas, el CETA abre puertas a una competición basada en estándares diferentes.
El CETA fortalece a la industria de semillas con respecto a los campesinos. Muchas empresas agrícolas europeas utilizan semillas propias para el cultivo de cereales. Esto no agrada a las multinacionales como Monsanto, que prefieren cobrar todos los años sus regalías. Y además tendrían que comprobar que los campesinos están utilizando semillas licenciadas. El artículo 20.36 del CETA les regala lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les niega desde hace décadas: la inversión de la carga de la prueba. En el futuro incumbirá a los campesinos probar que sus semillas no están licenciadas. Si no lo consiguen, tienen que pagar.
El CETA trae más ingeniería genética a Europa. Canadá es uno de los precursores más importantes de la ingeniería genética a nivel mundial. El artículo 25.2, par. 2, del CETA cita explícitamente «la reducción de la incidencia negativa de la práctica reguladora en materia de productos derivados de la biotecnología» como uno de los objetivos del acuerdo. Esto significa que la Unión Europea debe autorizar más plantas genéticamente modificadas.

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Derechos de los trabajadores

El Estado de bienestar europeo debe su éxito a los derechos de participación y a la seguridad social que garantiza a los trabajadores. El CETA atropella los intereses de los trabajadores.
Más competencia sin reglas comunes. El comercio libre frecuentemente lleva a una competencia mundial basada en salarios bajos, jornadas largas y contribuciones sociales reducidas. Para que esto no acontezca se requieren reglas claras contra el «dumping» salarial, social y fiscal. El CETA no contiene semejantes reglas. De hecho contiene un capítulo sobre comercio y trabajo (capítulo 23), lleno de buenas palabras. Pero en caso de violación solo prevén conversaciones y no sanciones.
Las empresas acuden al arbitraje para combatir los derechos sociales. Derechos especiales para inversores, como el ICS en el CETA, refuerzan las posibilidades de las grandes empresas para imponer sus intereses. Por ejemplo, la empresa francesa Veolia en este momento está demandando al Estado egipcio para recibir una indemnización por causa de la introducción de un salario mínimo. Para los trabajadores así será cada vez más difícil luchar por condiciones mejores.
El CETA destruye empleo. Los pronósticos económicos prevén, en el mejor de los casos, solo un ligero aumento del empleo, inferior al 0,02 % a lo largo de 10 años. Estudios menos positivos anuncian una pérdida de 200 000 puestos de trabajo en la Unión Europea. No todos los que hoy hacen salchichas son capaces de exportar mañana servicios de construcción. Los pronósticos, por tanto, parten del principio que habrá un aumento del desempleo de larga duración.
Redistribución de la riqueza de abajo hacia arriba. El CETA modifica ligeramente la distribución funcional de la riqueza en la Unión Europea. Los pronósticos económicos predicen un crecimiento del 0,66 % del porcentaje de propietarios de capital. La participación de la población activa en la riqueza producida disminuye de forma correspondiente.

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Protección ambiental y de los consumidores

Como consumidores, nos gusta que los productos que compramos sean seguros. No queremos ser las cobayas de la industria. Tampoco queremos que se contamine nuestro medio ambiente. Por eso existe en Europa el principio de precaución. Pero para la industria esto es demasiado restrictivo. El CETA es un ataque al principio de precaución y una amenaza para nuestros derechos como consumidores.
El CETA impide el etiquetado. Alimentos elaborados a base de ingeniería genética tienen que ser identificados en la Unión Europea. Pero hasta hoy en día no sabemos si la carne, la leche o los huevos fueron producidos con piensos animales genéticamente modificados. Las empresas de ingeniería genética pueden aprovechar la protección de inversiones para pedir indemnizaciones en caso de que se amplíen los requisitos de etiquetado.
El CETA impide la protección climática. La industria canadiense tiene un gran interés en exportar petróleo de arenas bituminosas. Pero las arenas bituminosas son uno de los combustibles más sucios y una gran amenaza para el clima. Ya durante las negociaciones del CETA, la Comisión Europea mitigó la Directiva de Calidad de Combustibles, que se destinaba a la protección del clima, para ir al encuentro de la industria de arenas bituminosas.
El CETA impide la protección del consumidor. La Unión Europea discute, desde hace años, sobre una restricción de las sustancias químicas que actúan como hormonas el cuerpo humano. Para poder seguir las negociaciones de los tratados de libre comercio, la Comisión Europea propuso a Canadá y a los EE.UU. abdicar del principio de precaución en este ámbito.
El CETA garantiza a las compañías mineras canadienses su negocio sucio. La mitad de las compañías mineras en el mundo son de Canadá. Son los mayores beneficiarios de los acuerdos de protección de inversiones. Actualmente, por ejemplo, la empresa minera canadiense Gabriel Ressources está demandando a Rumanía por no haber recibido la autorización de extracción de oro en Rosia Montana. Esto se debe a que la empresa había utilizado y almacenado cianuro extremadamente tóxico detrás de un dique, lo que significaría una espada de Damocles sobre la región del Bajo Danubio, algo que ya vimos durante la famosa catástrofe ambiental de Baia Mare en el año 2000. El CETA concede a estas empresas derechos de acción especiales, en todos los países de la Unión Europa y en detrimento de las personas y del medio ambiente.

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Los intereses de los municipios

Los municipios europeos que durante las tres últimas décadas privatizaron parte de sus servicios públicos, mayoritariamente tuvieron malas experiencias. Son cada vez más los que revocan, si es posible, este paso. No obstante, la mayoría de los gobiernos europeos y la Comisión Europea continúan aferrados al dogma que las empresas privadas con ánimo de lucro son, por principio, la mejor solución. El CETA restringe el margen de maniobra de los municipios y apoya la privatización de los servicios públicos.
El capítulo de protección de inversiones también se aplica a los municipios. En respuesta a una solicitud del Parlamento Europeo, la Comisión Europea tuvo que admitir que pueden existir casos en que se puedan llevar a los municipios ante los tribunales de arbitraje de inversiones. De la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cuentan casos espeluznantes al respecto. El municipio mexicano Guadalcázar, por ejemplo, fue condenado a una indemnización de 16,7 millones de dólares porque no autorizó un vertedero de residuos especiales porque quiso proteger sus aguas subterráneas.
El CETA amplía y consolida los procedimientos de licitación. El CETA abre a las empresas canadienses el mercado de contratación pública. Debido a la definición del umbral de las licitaciones internacionales, en los anexos del capítulo 19, será más difícil volver a bajarlo, porque entonces se tendría que pagar una compensación a Canadá. El CETA obliga a los municipios escoger en licitaciones públicas siempre la oferta económicamente más ventajosa y prohíbe requisitos de calidad y condiciones para fomentar desarrollos locales.
El CETA liberaliza todos los servicios que no están excluidos. Mientras que otros tratados de comercio solo incluyen los sectores económicos que fueron explícitamente mencionados («lista positiva»), en el CETA está incluido todo lo que no fue excluido («lista negativa»). Además, todos los servicios que aún no existen, automáticamente serán cubiertos por el tratado y no pueden ser soportados por el sector público.
El CETA impide la revocación de privatizaciones. El artículo 8.4 (1) además prohíbe a nivel local explícitamente restringir el número de empresas que ejercen una actividad económica mediante «monopolios, proveedores con derechos exclusivos o la exigencia de una prueba de necesidades económicas». Esto significa que una privatización, por ejemplo llevada a cabo por un gobierno anterior, ya no pueda ser revocada aun cuando esto sea la voluntad democrática de los ciudadanos afectados.

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